Gremios estatales
29/12/15 11:58 | Nacionales
Una gran cantidad de estatales marcha en la mañana de este martes por las calles céntricas de la ciudad de Córdoba.
Las columnas salieron de cada entidad gremial hacia Colón y General Paz, desde donde irán todos juntos hasta el Centro Cívico para manifestar su rechazo a la reciente reforma jubilatoria. Hay una importante presencia policial rodeando el Centro Cívico que esta vallado.
El paso de la manifestación de cada gremio ocasiona trastornos en el centro de la ciudad, ya que buena parte de las arterias están cortadas.
Receso
Ayer, en un plenario bajo el amparo de la CGT Regional Córdoba, los dirigentes acordaron los aspectos “operativos” de la protesta, que contará con el apoyo de los cuerpos orgánicos de algunos gremios privados como la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y Uecara del Interior (peajes), entre otros.
De todos modos, el grueso emanará de las organizaciones estatales. El principal inconveniente es que los docentes y la mayoría de los empleados públicos ya están en receso.
En total, aspiran a movilizar entre 2.000 y 2.500 personas con delegados del gremio de educadores (UEPC), del Sindicato de Empleados Públicos (SEP),
el Sindicato de Municipales (Suoem), la Bancaria y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).
El líder de esta última, Federico Corteletti, opinó que la reforma previsional “configura una grosera violación a los derechos de los trabajadores”.
La Unión del Personal Superior (UPS) adhiere, pero a través de la CGT Rodríguez Peña, encolumnado detrás Gabriel Suárez, de Luz y Fuerza Córdoba, que pondrá a sus delegados, además de las restantes regionales de ese gremio.
También habrá agrupaciones políticas: la fracción del radicalismo que lidera Dante Rossi,
el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero y la Izquierda Socialista, entre otros.
Los sindicalistas asumieron su compromiso para evitar infiltrados. En la reunión, que fue encabezada por el titular del SEP y de la CGT Córdoba, José Pihen, y por el secretario adjunto Ricardo Salerno (UTA), sobresalió el malestar por la manera en la que se introdujo la reforma a la ley jubilatoria. El cambio consiste en un recálculo de los haberes que, en la práctica, implica dejar de pagar el 82 por ciento del salario bruto para pasar a reconocer el 73 por ciento de ese parámetro.
Al respecto, el gobernador Juan Schiaretti dijo respetar
la posición de los gremios, pero argumentó que “es una decisión que votó el 80 por ciento del poder político provincial” para “salvar definitivamente a la Caja”.
La bandera que enarbolan los sindicalistas es la de la irreductibilidad de los haberes, aunque en el fuero íntimo reconocen que, al haber sido avalada la reforma mediante una ley, la vía judicial no tendría chances de prosperar.
La Voz
