'Queremos que el Gobierno cumpla con las promesas de campaña'
18/11/16 15:36 | Nacionales
En un escenario montado de espaldas a la fachada del Congreso nacional, el sindicalista Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de secretarios generales de la CGT, le reclamó este viernes al Gobierno, en el cierre de la manifestación en reclamo de la sanción de la ley de Emergencia Social, que “cumpla con las promesas de campaña” y “cuide a la empresa nacional, que crea trabajo”.
'Queremos que el Gobierno cumpla con las promesas de campaña: pobreza cero, eliminación del impuesto al salario y ahora le pedimos que apruebe la emergencia social', dijo el dirigente, en tanto otro de los triunviros, Juan Carlos Schmid -que cerró el acto-, sostuvo que 'está crujiendo el tejido social de la Argentina' y advirtió que, si el Gobierno decide vetar la ley de Emergencia Social y Alimentaria, habrá un 'escenario de mayor conflicto'.
'Hay mucha gente que está sufriendo, todos sabemos que estamos ante un país desigual', señaló Schmid.
La central obrera, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales y políticas se concentraron en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la resistencia del Gobierno a dar luz verde a la sanción de la iniciativa, que será trabada por el interbloque Cambiemos en la Cámara de Dipùtados. La Casa Rosada considera que se trata de una “bomba fiscal”.
Por su parte, el titular de la organización social barrio de Pie, Daniel Menéndez, calificó de ' jornada histórica' la marcha al Congreso y LE reclamó al gobierno de Mauricio Macri que 'pare la mano con el ajuste'.
Menéndez le pidió al jefe de Estado 'que reflexione (sobre) el costo que ha tenido el veto de la ley antidespidos, que ha generado que haya más de 130 mil despedidos', y remarcó: 'Si se atreve a vetar esta ley, una vez más les va a dar la espalda a los trabajadores y vamos a estar en la calle durante todo diciembre'.
El proyecto de ley de Emergencia Social fue aprobado este miércoles en el Senado por amplia mayoría -45 votos a favor y 13 en contra-, pero el oficialismo intentará trabarlo en la Cámara baja, donde la llave del tratamiento está en la Comisión de Presupuesto, que preside un macrista, Luciano Laspina.
En su primer artículo, la iniciativa crea el denominado “Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo”, por el cual se pretende crear un millón de nuevos puestos de trabajo en todo el país. Además, un Consejo de la Economía Popular bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que, luego de conformarse, tendría un plazo de 180 días para proponer un Salario Social Complementario (SSC). Y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular como requisito para percibir el SSC.
La Emergencia Social sería declarada en todo el país por el término de un año, durante el cual deberían aumentarse un 15% las Asignaciones por Hijo y por Embarazo. Además, se declararía, por el mismo período, la Emergencia Alimentaria, “a fin de garantizar la atención de las necesidades básicas alimentarias y nutricionales de la población en condiciones de vulnerabilidad”.
En ese marco, el proyecto incrementa un 50% las partidas presupuestarias destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales. Para financiar todos estos gastos, la iniciativa sólo habla de que el Presupuesto contemplará las partidas necesarias, pero diputados de la oposición trabajan en un proyecto para gravar con impuestos al juego y la renta financiera.
Como estaba previsto, la CGT unificada encabezó la manifestación al Congreso, seguida por las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli. A ellos se sumaron organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Al Congreso llegaban también entidades empresarias, como la Confederación Empresaria Argentina (CGE) y la Confederación General Económica (CGERA) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
Los promotores de la marcha buscaron presionar al gobierno de Mauricio Macri, que no está dispuesto a afrontar un costo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos. Por eso, Cambiemos pondrá todas sus fuerzas en frenar el tratamiento en Diputados para ahorrarle al Presidente el costo político que significaría un veto a la ley.
Letra P
